Con bombas de estruendo, redoblantes y silbatos, cerca de un centenar de personas se manifestaron nuevamente ayer frente al Palacio de Tribunales. Los manifestantes denuncian, desde hace años, que fueron estafados por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agej) en la tramitación de viviendas del barrio Judicial construido en Los Pocitos.
Pese a las conversaciones de la última semana entre el abogado del gremio, Mario Leiva Haro, y el letrado de la mayoría de los damnificados, Carlos Garmendia, los manifestantes consignaron que las medidas de fuerza continuarán hasta arribar a una solución concreta.
La cuarta protesta de las presuntas víctimas de defraudación inició a las 10.25 frente a la entrada vehicular de Tribunales, sobre calle Congreso. Unos 40 minutos más tarde, se trasladaron a la esquina de Congreso y Lamadrid, donde se mantuvieron hasta el final del corte. Algunos manifestantes cruzaron sus autos para bloquear el tránsito y acompañaron el ritmo de las palmas de la mayoría con bocinazos. Estos ocultaron las patentes de sus autos con papeles: "para evitar aprietes posteriores por parte del gremio", explicaron.
Las denuncias por este conflicto iniciaron en 2010. Hace dos semanas, la indignación recrudeció tras conocerse que el 16 de agosto pasado se habían entregado las 227 viviendas del barrio construido en Los Pocitos. Dos pares de marchas al Palacio de Tribunales y el envío de cartas documento a la secretaria gremial, Ada Altuve, aceleraron la iniciativa de diálogo del gremio. Fernando Nadalich, vocero del grupo, indicó que las marchas no se detendrán hasta que no tengan la seguridad de ser adjudicatarios de una vivienda social, como asegura que les corresponde. "Nos mantenemos en un estado de movilización permanente para que la sociedad sepa que el problema no ha terminado. Hemos tenido acercamientos con gente del gremio y del Instituto de Vivienda, aunque todavía no tenemos ninguna solución", expresó Nadalich.
En la semana, Garmendia había adelantado a LA GACETA que el ofrecimiento del gremio judicial era trasladar a los manifestantes a las 340 viviendas que se ejecutan en Las Talitas, también bajo un convenio del gremio Judicial con el Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Garmendia, sin embargo, adelantó que sus defendidos sienten desconfianza del gremio y temen que la situación se repita al momento de entrega del nuevo barrio gestionado por los judiciales.
"Somos más de 200 familias que hemos confiado en la señora Altuve para acceder a una casa social en el barrio de Los Pocitos y hoy no tenemos vivienda. Todos alquilamos. Nuestra situación habitacional no es la mejor", finalizó el vocero, y agregó que se reunirán en asamblea este fin de semana para analizar la propuesta gremial en detalle.